18 junio 2010
Algunos directivos, agobiados por la presión de mantener las expectativas de crecimiento de su empresa, o incluso por mantener su negocio a flote, recurren a cualquier cosa. Estos “nuevos delincuentes” se suman a los que operan de esta manera tanto en tiempos de crisis como en tiempos de bonanza económica.
El fraude más habitual es la apropiación indebida de activos de la empresa, supone un 28% de los fraudes estudiados. En esta categoría se engloban tanto el robo de activos financieros o los desvíos de fondos, como el robo de materiales que son propiedad de la empresa. Este es el delito más frecuente simplemente porque es el más sencillo de ejecutar.
Le sigue el soborno con un 13%, con un caso típico como el soborno al responsable de un concurso para la adjudicación de un proyecto, por parte de la empresa contratista. Las empresas deben prevenir este tipo de delitos, ya que perjudica gravemente a los candidatos que se comportan de manera ética y legal. Además, con este método está claro que el contratista elegido no tiene porqué ser el mejor para la empresa.
En tercer lugar la manipulación contable con un 10% de los casos estudiados. Se suele amañar la contabilidad para engañar a los posibles inversores. Se crea una falsa imagen de la empresa, ocultando pérdidas o simulando beneficios para conseguir financiación a buen precio. También recurren a esta práctica los dueños/accionistas de una empresa afectada por la crisis. Para reducir pérdidas o para incrementar su riqueza, los antiguos accionistas manipulan la contabilidad para conseguir revalorizar la empresa y, entonces, vender las acciones. Los dueños anteriores de la empresa traspasan “el muerto” a los nuevos inversores y salen con beneficios.
Siguen, en menor proporción, otros delitos como el blanqueo de capitales, el espionaje, el uso y venta de información privilegiada, los abusos de posición en el mercado de grandes empresas, etc.
De todos los daños causados por los delitos económicos, los más perniciosos para la economía y la sociedad no son el capital defraudado. Estos capitales no llegan al millón de euros en promedio, cantidades que para grandes empresas pueden pasar inadvertidas. Sin embargo, el daño que se puede producir a la imagen de una empresa o una marca por culpa de un delito de este tipo puede ser muy superior a este millón de euros.
Los efectos sociales son muy difíciles de cuantificar, ya que afectan a los trabajadores de la propia empresa, a sus clientes, proveedores y colaboradores.
